El Gobierno de Entre Ríos resolvió centralizar la compra y distribución de los alimentos destinados a desayunos y meriendas de escuelas primarias y secundarias, en una medida que busca fortalecer los controles sobre los recursos públicos y garantizar que las partidas lleguen efectivamente a los estudiantes.

La decisión se produce en un contexto marcado por diversas investigaciones judiciales y administrativas que analizan presuntas maniobras de corrupción vinculadas a la administración de fondos para comedores escolares en distintos departamentos de la provincia.

Según documentación difundida por el medio Notientrerios, las causas investigan presuntos hechos de peculado, utilización de facturas por compras que no se habrían concretado, desvío de fondos públicos y otras irregularidades en la rendición de cuentas.

Entre los expedientes mencionados figura la Causa Penal N.º 3075/24 de la Unidad Fiscal de Concordia, en la que fueron imputadas cuatro personas por el presunto delito de peculado.

De acuerdo con la investigación fiscal, el mecanismo consistía en retirar dinero en efectivo correspondiente a partidas destinadas a alimentos y respaldar esos montos mediante facturas por mercadería que, según la acusación, nunca habría ingresado a los establecimientos educativos.

La causa menciona presuntas irregularidades en la administración de fondos de distintas instituciones educativas de Concordia, con montos que, según la investigación, oscilan entre aproximadamente $1.400.000 y $4.500.000.

Además, el informe señala otras investigaciones en Gualeguay y Diamante por presuntos hechos similares, así como actuaciones administrativas relacionadas con rendiciones de gastos y documentación considerada irregular.

Inspección en Gualeguaychú

Otro de los casos mencionados corresponde a la Escuela N.º 64 de Perdices, en el departamento Gualeguaychú.

Siempre según la documentación citada por Notientrerios, un acta de supervisión administrativa habría detectado diferencias entre los alimentos efectivamente disponibles en el comedor escolar y lo informado públicamente sobre la alimentación que recibían los estudiantes.

La Provincia sostiene que la centralización del sistema permitirá reforzar los controles, transparentar el uso de los recursos públicos y asegurar que los alimentos lleguen en tiempo y forma a las escuelas.