El comunicado difundido por el Partido Justicialista de Entre Ríos contra el proyecto de reforma previsional que impulsa el gobernador Rogelio Frigerio abrió un fuerte debate político y técnico alrededor del futuro de la Caja de Jubilaciones provincial.

El documento, acompañado por legisladores provinciales y la Liga de Intendentes, cuestiona el aumento de aportes, los posibles cambios en la edad jubilatoria, las modificaciones en el cálculo de haberes y la delegación de facultades al Poder Ejecutivo. Sin embargo, el propio planteo del PJ deja al descubierto algunas contradicciones que comienzan a ser señaladas dentro del debate público.

Uno de los primeros puntos que llama la atención es que el mismo comunicado reconoce que el peronismo “recién tuvo acceso” al proyecto para comenzar a analizarlo en profundidad. Pese a eso, el texto ya afirma de manera categórica que la reforma significará un “ajuste”, que pondrá “en riesgo el 82% móvil” y que implicará un perjuicio para jubilados, trabajadores y municipios.

Esa situación genera una contradicción evidente: el espacio político admite que aún está estudiando el contenido completo de la iniciativa, pero al mismo tiempo presenta conclusiones definitivas sobre sus consecuencias.

Otro de los puntos más discutidos aparece en el concepto de “sustentabilidad” que menciona el propio PJ. El comunicado sostiene que Entre Ríos necesita un sistema previsional sustentable, aunque simultáneamente rechaza prácticamente todas las herramientas que suelen utilizarse en reformas previsionales para intentar equilibrar sistemas deficitarios: aumento de aportes, cambios en edades jubilatorias, modificación de cálculos, actualización de contribuciones o reestructuración de condiciones de acceso.

La principal pregunta que surge entonces es cómo propone el justicialismo sostener financieramente la Caja sin modificar ninguna de las variables estructurales del sistema. El comunicado no ofrece una alternativa concreta ni incorpora cifras sobre el déficit previsional provincial.

En ese sentido, otro aspecto que aparece como una gran omisión es la falta de datos económicos precisos. El documento cuestiona el “ajuste”, pero no menciona el tamaño actual del déficit de la Caja de Jubilaciones, cuánto dinero aporta la Provincia para sostenerla ni cuál es la evolución financiera del sistema en los últimos años.

Tampoco hace referencia a un dato políticamente sensible: gran parte del deterioro financiero de la Caja se produjo durante años de administraciones provinciales del propio PJ. Por eso, distintos sectores señalan que existe una contradicción política al responsabilizar exclusivamente al actual gobierno por una crisis previsional que arrastra décadas.

En relación al 82% móvil, el comunicado sostiene que la reforma podría vaciarlo de contenido real. Sin embargo, el propio texto admite que los haberes vienen perdiendo frente a la inflación desde hace tiempo. Allí también aparece otra contradicción: si el deterioro del poder adquisitivo ya existe desde antes de esta reforma, el problema no sería exclusivamente consecuencia del nuevo proyecto impulsado por Frigerio.

Otro de los puntos cuestionados dentro del comunicado es la afirmación de que una eventual jubilación a los 68 años convertiría al régimen entrerriano en “el más alto del sistema público argentino”. Hasta el momento, el PJ no acompañó esa afirmación con estudios comparativos ni informes técnicos actuariales que respalden esa definición.

No obstante, especialistas y sectores políticos coinciden en que uno de los argumentos más sólidos planteados por el justicialismo es el referido a la posible delegación de facultades al Poder Ejecutivo. El comunicado advierte que el proyecto podría habilitar cambios en aportes, contribuciones o condiciones del sistema mediante mecanismos administrativos o decretos, debilitando el rol legislativo. Ese punto podría convertirse en uno de los principales ejes de discusión parlamentaria.

Mientras tanto, la discusión recién comienza en la Legislatura provincial y promete convertirse en uno de los debates políticos y económicos más importantes del año en Entre Ríos.

COMUNICADO:

Sobre el proyecto de reforma previsional

El Partido Justicialista, junto a los bloques de senadores y diputados provinciales y la Liga de Intendentes, expresan su preocupación por el proyecto de reforma del sistema previsional que el Poder Ejecutivo ingresará formalmente a la Legislatura esta semana.

El proyecto de Rogelio Frigerio implica un ajuste concreto sobre los actuales y futuros jubilados, sobre los trabajadores activos y sobre los municipios entrerrianos.

En primer lugar, advertimos que las medidas propuestas trasladan el costo del déficit a quienes menos margen tienen para afrontarlo. Se propone aumentar aportes, extender condiciones y modificar reglas de cálculo sin estudios actuariales serios que justifiquen la magnitud del sacrificio exigido.

Esto impacta directamente en los trabajadores activos de hoy, que verán deterioradas sus condiciones de acceso a la jubilación, y en los jubilados actuales, cuyos ingresos ya vienen perdiendo frente a la inflación.

Además, el proyecto consolida una interpretación equivocada del sistema: pretende hacer creer que el problema son los haberes, cuando en realidad el deterioro proviene de salarios activos deprimidos. En este contexto, cualquier modificación terminará profundizando la pérdida de ingresos de toda la cadena previsional.

82% MÓVIL EN RIESGO

Con esta reforma, el 82% móvil deja de ser una garantía real.

Al modificarse las condiciones de cálculo y extenderse los períodos considerados, junto con la falta de reglas claras de actualización, el resultado concreto será una reducción del haber inicial y de su evolución en el tiempo.

Esto implica que los futuros jubilados cobrarán menos en relación a su salario en actividad, rompiendo uno de los principios históricos del sistema previsional.

ACTUALIZACIONES SIN CERTEZA

El proyecto tampoco garantiza un mecanismo claro y justo de actualización.

Al vincular la movilidad a variables como paritarias que vienen sistemáticamente por debajo de la inflación, se consolida un esquema donde los haberes pierden poder adquisitivo.

Esto afecta tanto a jubilados como a activos, ya que deteriora progresivamente toda la estructura del sistema.

AUMENTO DE EDAD SIN RESPALDO

El proyecto establece la edad jubilatoria en 68 años para los nuevos afiliados, la más alta del sistema público argentino, sin ningún estudio previo sobre expectativa de vida activa o empleabilidad en edades avanzadas dentro del sector público provincial.

Además, al unificar la edad de retiro en 65 años para el personal actual y en 68 para los ingresantes, se ignoran las brechas de género preexistentes y las tareas de cuidado no remuneradas que históricamente asumen las mujeres.

Esta equiparación es  carga desproporcionada para las trabajadoras, quienes enfrentan un aumento de hasta ocho años en su edad de jubilación, en comparación con  cinco años de los varones.

IMPACTO SOBRE LOS MUNICIPIOS

Los municipios también serán directamente perjudicados.

El aumento de contribuciones patronales y la posibilidad de que estas sean modificadas discrecionalmente implica más presión financiera sobre los gobiernos locales, comprometiendo su funcionamiento y la prestación de servicios esenciales.

DISCRECIONALIDAD DEL PODER EJECUTIVO

Uno de los aspectos más graves del proyecto es la enorme discrecionalidad que se le otorga al Poder Ejecutivo.

Se lo faculta a modificar aportes, contribuciones y condiciones del sistema sin límites claros, incluso por fuera del debate legislativo. Esto incluye la posibilidad de alterar porcentajes, bases de cálculo y cargas sobre trabajadores y municipios.

Estamos frente a una delegación de facultades que vacía de contenido a la ley y debilita el rol de la Legislatura.

La llamada “emergencia” se utiliza como excusa para avanzar con cambios permanentes y habilitar decisiones por decreto, lo que constituye un grave antecedente institucional.

NUESTRA POSICIÓN

Daremos todo el debate que sea necesario al proyecto de ley, al que recién tuvimos acceso para poder analizarlo, en las Comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda a los que deberá ser girado por el Pleno de la Cámara.

Convocaremos a representantes de activos y pasivos, y también a los gobiernos municipales.

Defenderemos el 82% móvil real y efectivo.

Rechazamos cualquier ajuste sobre jubilados y trabajadores activos.

No aceptamos que se traslade el costo del sistema a los municipios.

Necesitamos reglas claras de actualización que protejan el poder adquisitivo.

Nos oponemos a la delegación de facultades que concentran poder en el Ejecutivo.

CONCLUSIÓN

Es el momento de convocar a un debate serio, con datos, con transparencia y con responsabilidad política, para garantizar un sistema sostenible sin afectar a quienes sostienen y dependen de él.

Entre Ríos necesita un sistema previsional sustentable. Pero sustentable para los trabajadores, no a costa de ellos.

PJ de Entre Rios.