Análisis – Despierta Feliciano

El comunicado del PJ Entre Ríos cuestionando la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de crear una comisión especial para investigar la deuda pública provincial abre un debate que merece una mirada más profunda.

Desde Despierta Feliciano surge una pregunta que resulta inevitable: ¿por qué sectores políticos que gobernaron la provincia durante tantos años se oponen a que se revisen las cuentas públicas?

Si, como sostiene el comunicado del Partido Justicialista de Entre Ríos, toda la información sobre el endeudamiento y el uso de los recursos está debidamente documentada y auditada, una revisión o investigación adicional no debería generar preocupación.

Por el contrario, permitiría despejar cualquier duda y fortalecer la transparencia sobre cómo se administraron los recursos del Estado, especialmente en materia de obra pública, uno de los sectores donde históricamente se han concentrado los mayores montos de inversión.

Desde esta perspectiva, la resistencia a la creación de una comisión que revise esos procesos puede interpretarse políticamente como una señal de incomodidad ante la posibilidad de que se analicen decisiones tomadas en gestiones anteriores.

En definitiva, el debate no debería centrarse solamente en quién impulsa la investigación o desde qué espacio político se propone, sino en algo mucho más importante: que la sociedad entrerriana pueda conocer con claridad cómo se utilizaron los recursos públicos a lo largo de los últimos años.

Porque cuando se trata de dinero público, la transparencia nunca debería ser un problema.

Despierta Feliciano

Este es el comunicado del PJ Entre Ríos:

"La propuesta del gobierno de crear una comisión especial para investigar la deuda pública de Entre Ríos no aporta transparencia. Por el contrario, desconoce el trabajo de los organismos de control y busca instalar sospechas sobre procesos que ya fueron auditados.

Toda la información sobre el endeudamiento provincial se encuentra documentada en fuentes oficiales. El crédito internacional oportunamente asumido fue fundamentado, aprobado por la Legislatura y transparentado, al igual que cada uno de los pagos de capital e intereses realizados.

Además, existen organismos específicos encargados de controlar estas cuestiones. La Contaduría General de la Provincia audita la deuda pública y el Tribunal de Cuentas realiza el control posterior correspondiente.

Crear una nueva comisión con mayoría automática del oficialismo —siete de sus nueve integrantes— no garantiza independencia ni objetividad, y solo superpone funciones que ya están establecidas por la Constitución provincial.

El debate debería centrarse en las decisiones de endeudamiento que está tomando la actual gestión: el aumento de la deuda en pesos, el adelanto de coparticipación por 220.000 millones de pesos tomado para pagar salarios y las recientes operaciones de administración de deuda en moneda extranjera que implican mayores compromisos financieros a futuro.

El debate debería centrarse en cómo hacemos para volver a poner en marcha a la provincia después de dos años de estancamiento y recesión, en un contexto cada vez más dramático para el pueblo entrerriano.

La transparencia no se construye con escenificaciones políticas, sino con información pública y con instituciones que funcionen. Hoy vemos más relatos que resultados".